El alcalde alude a graves problemas legales y económicos y que la Diputación le adeuda 1,3 millones de euros
Las concejalas no adscritas Olga García y Araceli Dorado han denunciado en el pleno municipal la grave situación que atraviesa el Parque de Bomberos de Béjar como consecuencia de decisiones adoptadas por la Alcaldía “sin diálogo, sin negociación y sin escuchar a los trabajadores”.
García, en su intervención, ha señalado problemas como la negativa del alcalde a reunirse con la plantilla, la modificación unilateral de la jornada laboral, la reducción de efectivos por turno, la eliminación del retén y la aplicación de estas medidas mediante orden de Alcaldía, lo que, ha advertido, compromete la atención de emergencias en Béjar y su comarca.
Esta concejala también ha recordado que la Diputación de Salamanca ofrecerá un convenio con carácter retroactivo, lo que elimina cualquier justificación económica sobre años anteriores, y ha subrayado que en los últimos seis años el servicio de bomberos no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento, al ser financiado íntegramente por la Diputación. En este sentido, ha criticado que Béjar firmara en su día un convenio por solo dos años, frente a los cuatro años acordados en otros parques provinciales.
Olga García a su vez ha puesto el foco en la falta de voluntad política para funcionarizar a los bomberos, un compromiso adquirido en la anterior legislatura y necesario para que puedan ejercer plenamente como agentes de la autoridad dentro del servicio provincial. Ha recordado que la estabilización de plazas fue una obligación legal y no un favor, y ha cuestionado la reciente reducción de la plantilla de doce a diez bomberos sin una explicación clara ni una planificación adecuada.
La concejala ha calificado de “irracional” renunciar a los beneficios del convenio con la Diputación y optar por cambiar de puesto a los bomberos, generando además un mayor gasto municipal, cuando el servicio podría mantenerse con el respaldo provincial “a prácticamente coste cero para el Ayuntamiento”.
En la parte final de su intervención, Olga García ha realizado una defensa firme y emotiva del cuerpo de bomberos de Béjar, recordando sus más de cien años de servicio, su labor en incendios, rescates y emergencias, su reconocimiento a nivel nacional, su implicación durante la pandemia y su participación voluntaria en grandes emergencias como los incendios de la Sierra de Francia, Las Hurdes o la DANA.
“No se les puede cambiar de trabajo: ellos son bomberos”, ha afirmado, denunciando la situación de presión psicológica e injusticia que están viviendo y reclamando una solución consensuada entre el Ayuntamiento y la Diputación. García ha concluido ofreciendo su apoyo y el de la oposición para alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad y dignidad del servicio.
“Béjar se lo debe”, ha finalizado.
Versión del alcalde
El alcalde, Antonio Cámara, alegó en su turno de palabra que la plantilla de bomberos del Ayuntamiento de Béjar está compuesta por 16 agentes, de los cuales ocho tienen contrato de interinidad, mientras que el resto son personal laboral o funcionarios procedentes de otras áreas municipales.
Recordó que en 2021 se firmó un convenio por un importe de 648.000 euros para los años 2022 y 2023, mediante el cual los trabajadores quedaban a disposición como colaboradores, ya que, aunque se ofreció a la Diputación que asumiera a los empleados propios, esta se negó en rotundo.
Aseguró que el problema legal es “muy serio”, ya que los trabajadores municipales no pueden salir del término municipal ni intervenir en incendios, una circunstancia que, según indicó, ya ha sido trasladada al jefe de bomberos.
Asimismo, recordó que Béjar, al ser un municipio de menos de 20.000 habitantes, no está obligado a disponer de un servicio de extinción de incendios, aunque, aun así, “lucharemos por los efectivos”, aseguró el alcalde.
Cámara también explicó que, pese a las múltiples peticiones de abono, la Diputación adeuda al Ayuntamiento los dos últimos años del convenio, es decir, cerca de 1,3 millones de euros. “Llevamos dos años a la espera de firmar los convenios”, señaló.
